Reformas borbónicas

A fines del siglo XVII, la monarquía hispana estaba agotada. La dinastía Habsburgo o Casa de Austria, que había gobernado España desde el siglo XVI, se encontraba en plena decadencia: guerras constantes, crisis demográfica, descenso de la producción minera americana y corrupción administrativa. El último rey Habsburgo, Carlos II “el Hechizado” (1665-1700), murió sin descendencia directa, lo que desató una disputa internacional por el trono español.

En su testamento, Carlos II designó como heredero a Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia, de la dinastía Borbón. Pero el resto de potencias europeas, encabezadas por Inglaterra, Austria y Holanda, temían la unión de las coronas de Francia y España bajo una sola dinastía, lo que crearía un bloque hegemónico. Por ello estalló la Guerra de Sucesión Española (1701-1713), un conflicto entre los partidarios de Felipe de Anjou (Felipe V) y los del archiduque Carlos de Austria.

La guerra terminó con el Tratado de Utrecht (1713). A cambio del reconocimiento de Felipe V como rey de España, este renunció a unirse a Francia. Además, España cedió territorios europeos y otorgó a Inglaterra importantes ventajas económicas:

Estas concesiones confirmaron la pérdida de hegemonía española y dejaron en evidencia que el monopolio comercial estaba agrietado. La nueva dinastía Borbón llegó con ideas renovadoras, influidas por el absolutismo francés y, más tarde, por la Ilustración.

Las reformas borbónicas fueron un conjunto de cambios administrativos, económicos, fiscales, militares y eclesiásticos implementados por la dinastía Borbón en España y sus colonias americanas durante el siglo XVIII. Su propósito central fue aumentar el control político y la recaudación fiscal de la Corona sobre sus posesiones americanas.

No se trató de una simple modernización, sino de una redefinición del pacto colonial: la Corona quería pasar de un sistema en el que delegaba poder en corporaciones (Consulado, Iglesia, cabildos) y funcionarios locales, a un sistema más centralizado, en el que el Estado imperial controlara directamente la economía y la administración.

El principal impulsor de estas reformas fue Carlos III (1759-1788), representante del despotismo ilustrado, una forma de gobierno que combinaba el absolutismo monárquico con ideas de la Ilustración: racionalizar la administración, fomentar la economía y la educación útil, pero sin participación popular. Su lema era “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

Los objetivos específicos eran:

• Recuperar el control efectivo de las colonias frente al poder acumulado por virreyes, audiencias y corporaciones locales.
• Reducir la influencia de los criollos en la burocracia y en el comercio, privilegiando a los peninsulares.
• Aumentar los ingresos fiscales mediante nuevos impuestos, estancos y un mejor cobro del tributo.
• Combatir el contrabando y hacer más eficiente el comercio imperial.
• Defender las colonias de las potencias rivales, especialmente Inglaterra.

Para lograrlo, la Corona envió visitadores a América, funcionarios con amplios poderes para inspeccionar, reformar y aplicar medidas. En el Virreinato del Perú, el más influyente fue José Antonio de Areche, visitador general entre 1777 y 1781, quien aplicó reformas fiscales, reorganizó el cobro de tributos y luego tuvo un papel represivo en la rebelión de Túpac Amaru II.

Reorganización territorial: nuevos virreinatos y capitanías

Una de las primeras medidas fue rediseñar el mapa político de América para administrar mejor los dominios y frenar el avance de otras potencias.

• Virreinato de Nueva Granada (1739): se creó con los territorios del norte de Sudamérica (actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá) para controlar el Caribe y frenar el contrabando inglés. Antes, esas zonas dependían del Virreinato del Perú.
• Virreinato del Río de la Plata (1776): se creó con los territorios al sur del Virreinato peruano, incluyendo Buenos Aires, Paraguay, Tucumán y el Alto Perú (actual Bolivia). Esto fue un golpe durísimo para el Perú, porque el Alto Perú era la zona de Potosí, la gran región minera de plata que durante siglos había alimentado la economía peruana. A partir de entonces, la plata de Potosí dejó de fluir hacia Lima y comenzó a salir por Buenos Aires, que se convirtió en un puerto atlántico privilegiado.

También se otorgó mayor autonomía a las capitanías generales de Chile y se creó la Capitanía General de Venezuela (1777), con el fin de fortalecer la defensa costera y el control político.

Las intendencias: centralizar y recaudar

La reforma administrativa más profunda fue la implantación del sistema de intendencias, inspirado en el modelo francés. Se aplicó primero en España y luego en América. En el Virreinato del Perú se implementó en 1782.

Las intendencias eran circunscripciones territoriales dirigidas por un intendente, funcionario nombrado por el rey, generalmente peninsular, con amplias atribuciones en justicia, hacienda, guerra y policía. Su objetivo principal era aumentar la recaudación de impuestos y centralizar el control político.

Cada intendencia se dividía en subdelegaciones, que reemplazaron a los corregimientos. Así, los corregidores, famosos por sus abusos y por los repartos mercantiles forzosos, fueron suprimidos, y en su lugar se nombraron subdelegados que, en teoría, debían ser más controlados por el intendente.

Otra medida complementaria fue la creación de la Audiencia del Cusco (1787), para mejorar la administración de justicia en el sur andino y fiscalizar el territorio.

Reducción del poder criollo

La burocracia borbónica prefirió a los peninsulares para los altos cargos. Se limitó la venta de cargos públicos, una práctica que en el siglo anterior había permitido a los criollos comprar varas de corregidor o puestos en audiencias. Ahora, la Corona buscaba funcionarios leales y profesionales, en su mayoría nacidos en España.

Esto generó un profundo malestar entre los criollos, que vieron cerradas sus posibilidades de ascenso político y administrativo. Las reformas borbónicas, por tanto, afectaron principalmente a los criollos, como grupo privilegiado que era en la sociedad colonial.

Las reformas económicas fueron las más ambiciosas y las que más consecuencias tuvieron. Se basaron en tres pilares: incrementar la producción, intensificar el comercio imperial y mejorar el sistema fiscal para que los beneficios quedaran en manos de la Corona española.

El Reglamento de Libre Comercio (1778)

La medida más trascendental fue el Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias, promulgado por Carlos III en 1778.

Su nombre puede llevar a confusión: no se trató de un libre comercio entre todas las naciones, sino de la apertura de varios puertos habilitados tanto en España como en América para comerciar directamente entre sí, eliminando el sistema de flotas y galeones que había regido desde el siglo XVI.

• En España se habilitaron puertos como Cádiz, Barcelona, Santander, La Coruña, entre otros. Antes solo Sevilla (y luego Cádiz) podían comerciar con América.
• En América se habilitaron numerosos puertos, entre ellos Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso, Arica y el Callao.

Consecuencias:

• Fin del sistema de flotas y armadas que hacía escala obligada en Portobelo y Cartagena para abastecer a Sudamérica.
• Pérdida del monopolio del Callao: los comerciantes limeños ya no fueron los únicos intermediarios del comercio sudamericano.
• Ascenso de Buenos Aires: el comercio del Alto Perú y del interior se orientó hacia el Atlántico sur, mucho más barato y directo que la ruta del Pacífico-Panamá.
• Mayor control fiscal: al legalizar y ordenar el comercio, la Corona podía cobrar impuestos de manera más eficiente.

Para el Virreinato peruano, el libre comercio significó un golpe económico. Los mercaderes limeños del Tribunal del Consulado perdieron su posición dominante en América del Sur. Sin embargo, también se incrementó el volumen global del comercio imperial.

Reformas fiscales: aduanas, alcabala y estancos

La Corona necesitaba más ingresos para financiar sus guerras y su burocracia. Por ello implementó una serie de medidas fiscales:

• Aumento de la alcabala: el impuesto a las ventas se elevó, lo que encareció las transacciones internas.
• Creación de aduanas interiores: se establecieron aduanas terrestres en el interior del virreinato para cobrar la alcabala y el almojarifazgo, evitando la evasión.
• Estancos: la Corona monopolizó la producción y venta de ciertos productos rentables, como tabaco, sal, pólvora, coca, aguardiente y naipes. El estanco del tabaco era particularmente importante: solo el Estado podía producirlo y venderlo, lo que generaba grandes ingresos.
• Cobro efectivo del tributo indígena: se mejoraron los mecanismos de cobro del tributo, reduciendo la evasión y los intermediarios.
• Legalización del reparto de mercancías: los repartos mercantiles, que los corregidores realizaban de manera abusiva e informal, fueron legalizados por la Corona. El objetivo no era beneficiar a los indígenas, sino incrementar la venta de mercancías en las comunidades indígenas y, con ello, impulsar el comercio interno y asegurar ingresos fiscales. La Corona asumió el control de esta práctica para que parte de las ganancias fueran a parar a las arcas reales.

Fomento de la producción minera

La minería seguía siendo la actividad más rentable. La Corona borbónica buscó reactivarla mediante:

• Décimo real: se redujo el impuesto minero, que antes era el quinto real (20% de la producción), al décimo real (10%), para incentivar la inversión privada en minas.
• Apoyo a nuevos centros mineros: se impulsó la explotación de minas como Cerro de Pasco, Hualgayoc (Cajamarca) y Huarochirí, que empezaron a rivalizar con Potosí (aunque este ya no pertenecía al virreinato peruano tras la creación del Virreinato del Río de la Plata).

Con estas medidas, la Corona logró aumentar la producción de plata y, por tanto, la recaudación fiscal. Sin embargo, el costo social fue alto: la mayor presión fiscal recayó sobre indígenas, mestizos y criollos pobres.

La Compañía de Jesús: poder y conflicto

La Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, se había convertido en una de las órdenes religiosas más poderosas del mundo católico. En el Virreinato del Perú, los jesuitas controlaban colegios, haciendas, misiones de frontera y tenían una enorme influencia económica y cultural. Su voto de obediencia especial al papa los convertía, a ojos de los Borbones, en un “Estado dentro del Estado”.

Los jesuitas eran vistos por la Corona como un obstáculo para la centralización. Entre las razones para su expulsión se mencionan:

• Su poder económico: poseían haciendas, obrajes y propiedades urbanas muy rentables.
• Su lealtad al papa antes que al rey, en una época en que la Corona impulsaba el regalismo (control del rey sobre la Iglesia).
• Su participación en el motín de Esquilache (1766) en Madrid, que la Corona atribuyó a los jesuitas.
• Su defensa de doctrinas como el tiranicidio, que justificaba la rebelión contra un gobernante injusto.

La expulsión (1767)

En 1767, Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles. En el Virreinato del Perú, la orden fue ejecutada por el virrey Manuel de Amat y Juny. Los jesuitas fueron apresados y embarcados hacia los Estados Pontificios.

Para administrar los bienes confiscados se creó el Tribunal de Temporalidades. Las haciendas, colegios y propiedades jesuitas pasaron a manos de la Corona, que los remató o los destinó a otras instituciones. La Corona se enriqueció considerablemente con estas confiscaciones.

La expulsión tuvo graves consecuencias educativas y culturales, porque los jesuitas dirigían importantes colegios y misiones. Para sustituir su labor educativa, se creó el Convictorio de San Carlos (1770), en el local del antiguo Colegio Máximo de San Pablo de los jesuitas, en Lima. Este convictorio se convirtió en un centro difusor de las ideas ilustradas y formó a una generación de criollos ilustrados que, décadas después, participarían en la independencia.

La defensa del imperio era una prioridad ante el avance inglés, portugués y francés. En el Virreinato del Perú, las reformas militares incluyeron:

• Construcción de la Fortaleza del Real Felipe en el Callao, iniciada tras el terremoto de 1746 y terminada en el gobierno del virrey Amat. Esta fortaleza protegía el puerto principal del virreinato.
• Reorganización de las milicias: se crearon cuerpos militares regulares y milicias urbanas, con participación de peninsulares y criollos.
• Defensa de fronteras: se fortalecieron las guarniciones en las fronteras con el Brasil portugués y el norte amazónico.

Las reformas borbónicas tuvieron resultados ambivalentes:

A favor de la Corona:

• Mayor centralización política y administrativa.
• Aumento de la recaudación fiscal.
• Control más eficaz del comercio imperial.
• Enriquecimiento por la confiscación de bienes jesuitas.
• Fortalecimiento de la defensa militar.

En contra:

• Descontento de los criollos, desplazados de los cargos y perjudicados en el comercio.
• Mayor presión fiscal sobre la población indígena y mestiza: aumento de la alcabala, estancos, tributo y repartos legalizados.
• Desplazamiento económico del Perú: pérdida del Alto Perú y del monopolio comercial limeño.
• Rebeliones antifiscales e indígenas: el aumento de la presión tributaria fue uno de los detonantes de las grandes rebeliones del siglo XVIII, como la de Juan Santos Atahualpa (1742-1752) y la de Túpac Amaru II (1780-1781).
• Debilitamiento del poder eclesiástico: la expulsión de los jesuitas y el regalismo redujeron la autonomía de la Iglesia.

En síntesis, las reformas borbónicas lograron modernizar parcialmente la administración y aumentar los ingresos reales, pero lo hicieron a costa de fracturar el equilibrio social y político del Virreinato. El descontento generado se expresará en las rebeliones indígenas que veremos a continuación.