Problemas de la convivencia democrática

La convivencia democrática supone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que nadie debe ser excluido por motivos de raza, sexo, religión, condición económica o cualquier otra razón, y que los conflictos se resuelven mediante el diálogo. Sin embargo, en la realidad peruana y en el mundo existen fuerzas que atentan contra este ideal.

Cuando una persona es discriminada, se le está negando su condición de ciudadano igual a los demás. Cuando un grupo delinque, se rompe la paz y la seguridad que hacen posible la vida en común. Cuando un funcionario o un particular actúa corruptamente, se abusa del poder y se debilitan las instituciones democráticas. Estos tres fenómenos no son compartimentos estancos: la discriminación puede generar exclusión social; la exclusión social puede crear condiciones que favorezcan la delincuencia; la corrupción puede agravar la desigualdad y la desconfianza en el Estado, alimentando así los otros dos problemas.

En los apartados siguientes, estudiaremos cada uno de ellos con detenimiento, explicando sus definiciones, sus formas, sus causas y sus consecuencias, así como la tipificación de los delitos más relevantes para el examen de admisión.

2.1 Definición y características

La discriminación es el acto, la conducta o la actitud por la cual se excluye, segrega o da un trato desigual a una persona o grupo, negándole derechos y oportunidades. Esa desigualdad se fundamenta en criterios como el origen social, las ideas políticas, la religión, la etnia, la condición física o económica, el nivel educativo, la edad, el sexo, la lengua, la orientación sexual o cualquier otro rasgo que se utilice para marcar una diferencia arbitraria.

Lo esencial de la discriminación no es que existan diferencias entre las personas —eso es natural y valioso—, sino que esas diferencias se usen para justificar un trato injusto. Por eso decimos que la discriminación atenta contra la igualdad de derechos y contra la dignidad humana. No es solo una opinión personal; es una conducta que daña la convivencia democrática.

Características de la discriminación:

• Se apoya en prejuicios y estereotipos: juzga a la persona por una característica del grupo al que pertenece, no por sus actos.
• Produce exclusión o segregación: separa, margina o niega oportunidades.
• Puede ser directa o indirecta: directa cuando se prohíbe o se niega algo explícitamente; indirecta cuando una norma o práctica aparentemente neutral perjudica a un grupo determinado.
• Puede ser individual o institucional: va desde el acto de una persona hasta políticas que reproducen la desigualdad.

2.2 Tipos y manifestaciones

Existen muchas formas de discriminación. Las más comunes son la discriminación racial, étnica, de género, por discapacidad, religiosa, lingüística, por orientación sexual, por edad y por condición socioeconómica. Todas comparten el mismo fondo: tratar como inferior a alguien por una característica que no debería definir su valor como persona.

En el ámbito escolar, una de las manifestaciones más frecuentes es el bullying, que consiste en intimidar, amenazar, maltratar o discriminar a los estudiantes más vulnerables. El bullying no es un simple juego de niños; es una forma de violencia que afecta la convivencia escolar y puede dejar secuelas graves.

2.3 La discriminación racial en el Perú

El Perú es un país étnica y culturalmente diverso. Sin embargo, esa diversidad no siempre ha sido valorada. Desde la época colonial se construyó una jerarquía en la que lo blanco y lo europeo se consideraba superior, mientras que lo indígena, lo andino y lo afroperuano era despreciado. Esa jerarquía no desapareció con la República: se mantuvo y se reprodujo en las instituciones, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana.

La discriminación racial en el Perú se manifiesta en el trato desigual hacia personas andinas, amazónicas y afroperuanas, en el desprecio por sus lenguas y costumbres, y en la exclusión de oportunidades de educación, empleo y participación política. Por eso, cuando se pregunta por la discriminación racial, la respuesta correcta no es la que afirma que se trata de un fenómeno superado, sino la que reconoce que atenta contra el respeto a la diversidad cultural y promueve la desigualdad étnica. La diversidad cultural, en lugar de ser vista como una riqueza, se convierte en motivo de marginación.

2.4 Efectos de la discriminación

Los efectos de la discriminación son negativos tanto para las personas como para la sociedad. A nivel personal, produce pérdida de derechos, aislamiento, baja autoestima, desconfianza y sufrimiento. A nivel social, refuerza la desigualdad, debilita la cohesión social y dificulta la construcción de una auténtica cultura de paz.

Cuando una sociedad naturaliza la discriminación, está aceptando que algunos ciudadanos valen menos que otros. Eso es incompatible con la democracia, que se basa en el principio de igualdad. Por ello, combatir la discriminación es una condición indispensable para lograr una convivencia democrática real.

3.1 Definición y formas

La delincuencia es el conjunto de infracciones cometidas contra la ley, por una persona o por grupos organizados, que son merecedoras de castigo por la sociedad. Entre los castigos previstos se encuentran la multa, la prisión y, en algunos países, la pena de muerte. En el Perú, la pena de muerte no se aplica.

Las formas de delincuencia son variadas y han ido cambiando con el tiempo. Podemos distinguir, entre otras:

• Delincuencia menor o común: carterismo, asalto, robo, hurto, fraude, abuso sexual.
• Pandillaje juvenil: grupos de jóvenes que actúan con violencia en zonas urbanas.
• Barras bravas: grupos vinculados a espectáculos deportivos que protagonizan actos violentos.
• Delincuencia financiera: fraudes, estafas, lavado de activos y otros delitos económicos.
• Crimen organizado: estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, el sicariato, etc.

No toda infracción a la ley es delincuencia en sentido estricto; existen infracciones administrativas y faltas. La delincuencia se refiere a conductas que el derecho penal sanciona por su gravedad.

3.2 Factores sociales, económicos y políticos

La delincuencia no tiene una única causa. Es un fenómeno multicausal. Sin embargo, cuando se estudian las condiciones que influyen en su ocurrencia, se suelen agrupar en tres grandes categorías: factores sociales, económicos y políticos. Esta clasificación ha sido preguntada directamente en el examen de admisión.

• Factores sociales: desintegración familiar, deserción escolar, exclusión social, falta de valores, violencia intrafamiliar, pandillaje, crecimiento urbano desordenado.
• Factores económicos: pobreza, desempleo, subempleo, desigualdad, falta de oportunidades, marginalidad.
• Factores políticos: corrupción, impunidad, ineficiencia del sistema de justicia, debilidad institucional, falta de presencia del Estado, influencia del narcotráfico y del crimen organizado.

Es importante no caer en la explicación simplista de que la pobreza es la única causa de la delincuencia. Si bien la exclusión social y el desempleo crean condiciones favorables para ciertos tipos de delitos, también existe la llamada delincuencia de “cuello blanco”, cometida por personas con alto nivel educativo y económico. Por eso, los factores políticos —como la corrupción y la impunidad— son tan relevantes como los económicos.

3.3 Consecuencias de la delincuencia

La delincuencia afecta directamente la seguridad ciudadana y la confianza entre las personas. Sus consecuencias son múltiples:

• Inseguridad: las personas dejan de sentirse libres y seguras en sus barrios.
• Pérdida de confianza en las instituciones: si la justicia no sanciona, se generaliza la impunidad.
• Costos económicos: gastos en seguridad privada, pérdida de bienes, disminución del turismo y la inversión.
• Daño social: ruptura de la cohesión, aumento de la violencia y de la desconfianza.

La delincuencia es, en suma, uno de los grandes enemigos de la convivencia democrática porque destruye la sensación de orden y de respeto a la ley que toda democracia necesita.

4.1 Definición y actores

La corrupción es el uso y abuso del poder para obtener un beneficio particular, en perjuicio del bien común. No es exclusiva de la administración pública, pues también puede presentarse en el ámbito privado. Sin embargo, cuando hablamos de corrupción en un sentido político e institucional, nos referimos sobre todo a la conducta de funcionarios o autoridades que se aprovechan de su cargo para obtener ventajas indebidas.

En todo acto de corrupción suelen intervenir dos actores:

• Corrupto: aquel que, por su posición de poder, puede ofrecer algo valioso o tomar una decisión que beneficia a otro.
• Corruptor: aquel que está dispuesto a pagar un soborno o dar una ventaja para obtener ese beneficio.

Ejemplo clásico: un juez es sobornado para resolver a favor de una de las partes en un litigio judicial. El juez es el corrupto y la parte que paga es el corruptor.

La corrupción es especialmente grave en la administración pública porque afecta la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Los recursos que se pierden por la corrupción dejan de destinarse a la salud, la educación y la infraestructura.

4.2 Principales delitos contra la administración pública

Dentro de la corrupción, el derecho penal peruano tipifica una serie de delitos contra la administración pública. Conocerlos es fundamental para resolver las preguntas de admisión, porque muchas veces se presentan casos concretos y se pide identificar el delito correspondiente.

Colusión

La colusión es la concertación entre uno o más funcionarios o servidores públicos y una o más personas particulares, con la finalidad de defraudar al Estado en contrataciones, licitaciones, suministros o adquisiciones públicas. Es una asociación delictiva entre el funcionario y proveedores o contratistas para obtener beneficios ilícitos, perjudicando al Estado.

La colusión puede ser:

• Simple: cuando el funcionario y el particular se ponen de acuerdo para defraudar al Estado, aunque el perjuicio no llegue a concretarse. La sola concertación ya es delito.
• Agravada: cuando la defraudación se consuma y el Estado sufre perjuicio efectivo.

En el Perú, la colusión está tipificada como delito contra la administración pública y se castiga con dureza, especialmente cuando interviene en obras públicas o en procesos de contratación con dinero del Estado. Los concursos públicos amañados, las licitaciones dirigidas y los sobrecostos pactados son ejemplos de colusión.

Cohecho

El cohecho es el delito en el que un funcionario o servidor público solicita o acepta, directa o indirectamente, un donativo, promesa o ventaja de cualquier naturaleza, para realizar u omitir un acto en el ejercicio de su cargo, o como recompensa por un acto ya realizado. También constituye cohecho la conducta del particular que ofrece o entrega esa ventaja.

Se distingue entre:

• Cohecho pasivo propio: cuando el funcionario solicita o acepta la ventaja para realizar un acto contrario a sus obligaciones.
• Cohecho pasivo impropio: cuando el acto que se realiza u omite es propio del cargo, pero el funcionario recibe indebidamente una ventaja por ello.
• Cohecho activo: el particular que ofrece o entrega la ventaja al funcionario.

Un caso típico: funcionarios municipales solicitan dinero a una empresa para facilitar el otorgamiento de un certificado, aun cuando las instalaciones no reúnen los requisitos de seguridad. Aquí los funcionarios solicitan una ventaja para hacer un acto contrario a su obligación (facilitar un certificado que no corresponde), lo que configura cohecho.

Concusión

La concusión es el delito en el que un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial. En términos tradicionales, es el abuso del cargo para exigir contribuciones o pagos que no están debidos o que exceden la tarifa legal.

La diferencia con el cohecho es sutil pero importante: en la concusión hay abuso de autoridad, presión o imposición; el funcionario obliga o coacciona. En el cohecho hay una solicitud o aceptación sin que necesariamente exista coacción. Ambos son delitos contra la administración pública, pero los supuestos de hecho son distintos.

Peculado

El peculado es la apropiación ilegal, para sí o para un tercero, de dinero, bienes o efectos que se hayan confiado al funcionario en razón de su cargo. Por ejemplo, un tesorero que se apropia de los fondos públicos que debía administrar. Protege el patrimonio del Estado y la confianza depositada en el funcionario.

Tráfico de influencias

El tráfico de influencias es el delito en el que una persona promete interceder ante un funcionario o servidor público, invocando influencias reales o simuladas, a cambio de un beneficio. Por ejemplo, un “gestor” que cobra para influir en un juez o en un ministro, aunque en realidad no tenga ninguna influencia real. Protege la transparencia y la imparcialidad de la administración pública.

4.3 Falsificación documental y fe pública

Además de los delitos contra la administración pública, existe un grupo de delitos que protegen un bien jurídico distinto: la fe pública. La fe pública es la confianza que la sociedad deposita en la autenticidad, veracidad y legitimidad de ciertos documentos, sellos, monedas, títulos y marcas. En otras palabras, es la confianza en que los documentos oficiales o privados que circulan en la sociedad son auténticos y no han sido alterados.

La falsificación de documentos es el delito que atenta contra esta fe pública. Falsificar diplomas universitarios, certificados de estudios, sellos de instituciones gubernamentales, partidas de nacimiento, etc., no es solo una estafa: es un ataque a la fe pública, porque hace que la sociedad desconfíe de la autenticidad de los documentos.

En el caso mencionado en las preguntas de admisión, un local donde se encontraban diplomas de bachiller, licenciatura, maestría, certificados de universidades y sellos de instituciones gubernamentales falsificados, el delito atenta contra la fe pública, no contra la integridad moral, el honor, la seguridad o el deber tributario.

4.4 Tabla comparativa de delitos

Esta tabla es una herramienta de estudio valiosa, pero recuerda que en el examen no basta memorizar: hay que aplicar el concepto a casos concretos, como veremos en los ejemplos resueltos.

Además de los problemas estructurales de discriminación, delincuencia y corrupción, el Perú vivió entre 1980 y 2000 un conflicto armado interno que constituyó el episodio más grave de violencia de su historia reciente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada para investigar este periodo, documentó casi 70 mil víctimas mortales.

El conflicto se inició en las zonas rurales de Ayacucho y se extendió a los centros urbanos y a la selva. Su causa inmediata fue la decisión del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar la lucha armada contra el Estado peruano, a contracorriente de la mayoría de los peruanos, en un momento en que el país restauraba la democracia. Otro grupo responsable fue el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que inició su lucha en 1984, aunque con un número menor de víctimas.

La CVR no solo analizó las cifras de muertes y desapariciones, sino que identificó las formas en que la violencia se expresó en el Perú: pobreza y exclusión social, especialmente en zonas altoandinas y amazónicas; brechas económicas y desigualdad étnico-cultural; marginación en el acceso a servicios educativos; racismo y actitudes de desprecio; y violencia sexual, especialmente contra las mujeres.

Uno de los hallazgos más importantes de la CVR es que la violencia reveló la gravedad de las desigualdades étnico-culturales. Casi el 75% de las víctimas tenía el quechua u otra lengua originaria como idioma materno, y la mayoría eran campesinos y campesinas de las regiones más pobres del país. Esto demuestra que la exclusión social y el racismo no son solo problemas morales: cuando se combinan con la violencia política, pueden producir tragedias humanas de gran magnitud.

La respuesta de la CVR no se limitó a señalar responsabilidades. Planteó una serie de recomendaciones para asegurar que estos hechos no se repitan:

• Plan Integral de Reparaciones: resarcir a las víctimas de la violencia, tanto individual como colectivamente, en forma simbólica y material.
• Proceso de reconciliación nacional: un nuevo pacto entre el gobierno y la sociedad, basado en una ciudadanía plena y en el reconocimiento del país como multiétnico, pluricultural y multilingüe.
• Reformas institucionales: presencia de la autoridad democrática en todo el territorio, fortalecimiento del sistema de justicia, reforma educativa y generación de confianza cívica.

La memoria colectiva es la que permite a la sociedad recordar y transmitir este capítulo doloroso de su historia para reflexionar sobre sus causas, actores y consecuencias, y para evitar que se repita. Por eso, en el Perú actual, recordar el conflicto interno no es un acto de rencor, sino una condición para construir una convivencia democrática sólida.

Los problemas de convivencia que hemos estudiado generan conflictos. Un conflicto es una situación de pugna entre dos o más protagonistas, motivada por la confrontación de intereses. No todo conflicto es negativo: lo negativo es que se resuelva mediante la violencia o la imposición. En una democracia, los conflictos deben resolverse pacíficamente.

Existen mecanismos democráticos de resolución de conflictos que estudiaremos a fondo en el siguiente tema:

• Negociación: las partes en conflicto resuelven directamente, sin intervención de terceros. Supone diálogo, disposición a ceder y búsqueda de acuerdos.
• Mediación: interviene un tercero neutral, el mediador, que facilita el diálogo entre las partes, pero no propone fórmulas de solución.
• Conciliación: interviene un conciliador elegido por las partes, quien sí propone alternativas de solución. La conciliación está reconocida y reglamentada por el Estado peruano mediante la Ley N.° 26872, basada en principios como equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía.

Estos mecanismos son, en esencia, las herramientas que una sociedad democrática utiliza para evitar que los problemas de convivencia —como la discriminación, la delincuencia y la corrupción— se conviertan en violencia abierta.